Proceso Proceso 2348

Los programas sociales, política insignia del gobierno federal, se convirtieron en objeto central de investigaciones por un fenómeno que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye a administraciones del pasado: la corrupción. Desde el inicio del sexenio y hasta el pasado septiembre la Secretaría de la Función Pública (SFP) había acumulado 4 mil 583 denuncias contra funcionarios de la Secretaría de Bienestar (Sebien), los coordinadores estatales de Programas de Bienestar llamados “superdelegados” y empleados públicos conocidos como “servidores de la Nación”. Aún más: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó una serie de irregularidades y promociones de responsabilidad en el ejercicio fiscal 2019, las cuales representaron fallas estructurales e ilegalidades en el cumplimiento de disposiciones de ley, como la integración de un padrón único, la operación de los llamados…

A Gabriel García Hernández lo enviaron a 999 kilómetros de Palacio Nacional. Perfilado para ser uno de los hombres más poderosos del sexenio, el pasado 27 de octubre fue enviado al exilio. De ser el coordinador general de Programas de Desarrollo de la Oficina de la Presidencia durante dos años y medio, y luego senador durante cuatro meses, fue desterrado a la frontera entre Durango y Coahuila, y nombrado en un puesto menor y de reciente creación: encargado del proyecto Agua Saludable para La Laguna. En dos años y medio Gabriel García dilapidó la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su papel sería desplegar territorialmente al gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación: sus “superdelegados” concentrarían todas las funciones federales en cada estado, sus Centros Integradores tendrían presencia en 14…

A dos años y medio de su creación, el ambicioso programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) tropezó con las renuncias de varios de sus fundadores y quedó a merced de las decisiones de su directora, Raquel Sosa Elizaga, quien en los últimos cuatro meses despidió a más de 150 profesores, equivalente a 15% de su plantilla docente. El conflicto laboral está a punto de escalar y de llegar ante los tribunales, pues en reuniones de conciliación auspiciadas por la Secretaría del Trabajo, el equipo de Sosa se ha negado a reconocer a los profesores como trabajadores: afirma que están contratados con un “convenio de servicios educativos” que les priva de toda prestación social. Ello, a pesar de que en septiembre de 2019 Sosa prometió que el…

Con tres repentinos cambios de opinión que se reflejaron en tres proyectos de resolución diferentes para el mismo caso, la ministra Yasmín Esquivel Mossa fue la artífice principal del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al gobierno federal reintegrar 338 millones 962 mil pesos, más intereses acumulados durante 14 años, a los herederos de Carmela Azcárraga Milmo, hermana del finado expresidente de Televisa Emilio Azcárraga, El Tigre. La cifra actualizada podría llegar a mil millones de pesos. Designada en 2019 por la Cámara de Senadores, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra Esquivel Mossa propuso a la Segunda Sala un proyecto de sentencia contrario a las jurisprudencias emitidas por la SCJN para la admisión de amparos en revisión y cuando…

MADRID.- El miércoles 13, el despacho International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), encabezado por el exmagistrado español Baltasar Garzón, aclaró en un comunicado que “no se ajusta a la realidad” la información publicada en medios de comunicación, que le atribuye a ese despacho haber “intermediado, negociado o participado en el acuerdo de extradición de Emilio Lozoya Austin con la Fiscalía General de la República (FGR) de México. La precisión llegó 15 meses después de las primeras publicaciones que señalaban la participación de este despacho madrileño en la negociación para que el exdirector general de Pemex alcanzara el criterio de oportunidad al ser extraditado a México, lo cual le ha garantizado hasta ahora evitar la cárcel, a cambio de aportar información de otros políticos mexicanos implicados en la trama…

El 3 de noviembre se vence el plazo para que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin presente pruebas de que entregó sumas millonarias aportadas por la empresa brasileña Odebrecht como “soborno” a seis senadores y un diputado federal para que aprobaran la reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta ahora, el inculpado ha perdido testigos clave de sus acusaciones: dos negaron los hechos y dos murieron. Y aun cuando Lozoya y sus abogados alargaron el periodo de aportación de pruebas, el plazo se agota. Si la autoridad judicial actúa de manera rigurosa, el indiciado podría perder el criterio de oportunidad que lo mantiene libre e ir a prisión. En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de agosto de…