Proceso Proceso 2396

El cuidado que se tuvo en la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) para garantizar una investigación exhaustiva e independiente, bajo la conducción de un titular que contara con la confianza de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, se echó por la borda en un mes, ante presiones por “sincronizar los tiempos judiciales con los tiempos políticos”. Esa es la apreciación de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), creado por la Comisión interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el caso Ayotzinapa, al fijar su posicionamiento ante la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo y su equipo, ante una intervención desaseada que prendió focos rojos en el organismo regional, que el día del aniversario de la…

En el entramado de los funcionarios que hicieron a un lado a Omar Gómez Trejo y a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) están los titulares de las fiscalías especializadas de Asuntos internos, Derechos Humanos y de Control Regional. El Ministerio Público comisionado para solicitar la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión emitidas contra presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, principalmente militares, depende de la Fiscalía de Control Regional, encabezada por Germán Adolfo Castillo Banuet. Esta última se encarga de coordinar las 32 delegaciones de la FGR y conoce de todos los procesos penales que la institución mantiene abiertos. Debido a que dicho Ministerio Público pertenece a la delegación de la FGR en el Estado de México, la orden de sustentar su actuación en el…

Desde su tribuna en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador desconoció la facultad constitucional del Ministerio Público (MP) federal para realizar investigaciones en el caso Ayotzinapa y la transfirió a su gobierno a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Los tres años de investigación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), pertenciente a la Fiscalía General de la República (FGR), reflejados en 70 tomos, fueron desacreditados públicamente por el presidente al señalar que, para su gobierno, la judicialización del caso se concretará al trabajo realizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por Encinas. El Ejecutivo dio a conocer esta atribución de su gobierno…

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante: “Es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano, también del Ejército”. Así respondió el titular del Ejecutivo el lunes 26 de septiembre, al cumplirse ocho años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, luego de que este semanario dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló las órdenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial para el caso en contra de 16 militares presuntamente implicados en los hechos (Proceso 2395). Ese mismo día el presidente dejó claro que no pasaría ninguna orden de aprehensión que no se registrara en el informe a cargo del subsecretario Alejandro Encinas. –¿Por qué se cancelaron esas órdenes de aprehensión? –le preguntó esta…

El Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer el 18 de agosto, omite la actuación de los integrantes de las Fuerzas Armadas durante la noche de Iguala. Se limita, en unas cuantas líneas, a lo ya sabido: que el Ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolzin. Fuera del documento, una semana después acusó al excomandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, de ordenar el asesinato y desaparición de seis normalistas. Encinas exime a cualquier otro mando. Pero a diferencia de esa acusación, la orden de detención contra Rodríguez Pérez, quien en 2015 ascendió a general brigadier, se emitió…

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo minimizó con una canción de Chico Che, el hacheo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizado por el colectivo Guacamaya pone al desnudo las entrañas de una de las instituciones más opacas del gobierno federal, a la que el mandatario ha entregado el control de la seguridad pública, las aduanas, la migración, la inteligencia y las principales obras de infraestructura. En total, más de 4 millones 144 mil correos electrónicos internos y externos de la Sedeña, enviados entre enero de 2010 hasta el pasado 3 de septiembre, fueron extraídos por el colectivo –que ha realizado acciones similares contra los ejércitos de otros países latinoamericanos–, y compartidos con periodistas y defensores de derechos humanos en plataformas seguras. Entre los documentos internos de la…